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Lo que ha ocurrido con el contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia en manos del gobierno de Gustavo Petro más que un proceso administrativo rutinario cada vez parece ser más la expresión de un síndrome que hoy sufre el Estado colombiano y que no le permite avanzar o progresar como debiera.
Si bien ya hemos hablado al respecto no sobra volver sobre el tema ahora que el episodio tuvo una conclusión. Luego de casi dos años de caos en ese proceso, el Gobierno dio reversa y dijo que todo seguirá igual a como venía antes: Thomas Greg and Sons, se encargará un año más de hacer los pasaportes. Como quien dice: cambiar todo para que nada cambie.
¿Cómo pasó todo? Primero se hizo una licitación en la que el presidente aparentemente no tuvo nada que ver, ni se enteró de qué se trataba o cómo iba. Un contrato de 600.000 millones de pesos, puede que no tenga que escalar al jefe de Estado, pero tal vez al menos se debería mencionar en algún consejo de ministros. Y ese es uno de los principales problemas: el Presidente de la República está desconectado de la mayoría de los ministros.
Los testimonios que han dado varios de ellos son evidencia de esa falta de comunicación pero sobre todo de liderazgo del jefe de Estado en su gabinete. Solo parecen interesarle unos cuantos temas y los demás, que son la mayoría, los deja al libre albedrío del ministro a cargo. Petro hizo hace poco un remezón en su gabinete, se habló de la salida de siete ministros por falta de ejecución, al final solo sacó seis, se salvó el de Minas y Energía por el respaldo político de la UP. Pero de fondo quedó una reflexión: ¿cómo así que salen seis ministros por no ejecutar y en dónde estaba el Presidente? ¿Qué seguimiento se hace desde Presidencia?
En un segundo momento, la licitación de pasaportes se convirtió en escándalo cuando varias firmas decidieron no participar porque, según ellas, el pliego de la licitación estaba hecho para que se lo ganara Thomas Greg and Sons. El presidente Petro le ordenó al canciller de entonces Álvaro Leyva tumbar el proceso porque, trascendió, no se podía permitir una licitación con un único proponente. Leyva obedeció a rajatabla.
Petro tenía algo de razón, por un lado, porque era un proceso con mucho ruido en razón de qué Thomas fue la única empresa que finalmente se inscribió en medio de las quejas de las demás. Pero por otro lado, tratándose de un proceso reglamentado por la ley, al no adjudicar dio lugar a una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos. Esto ocurrió hace un año y desató una pelea letal en el alto gobierno: el canciller contra la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. A esta la sacaron del gobierno y al canciller lo tumbó la Procuraduría por este caso. ¿Y los pasaportes? En ese momento, prorrogaron el contrato a Thomas Greg and Sons, por un año más.
En un tercer momento, al presidente Petro se le ocurrió que sería mejor que una entidad del Estado asumiera esa labor. El nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo, se puso manos a la obra: presentó un power point con tres fases. La primera fase era ver si la Imprenta Nacional podía hacerlo, de manera que en esas se les fue otro año y la conclusión del canciller Murillo, entregada hace dos semanas, fue que la Imprenta no está lista.
¿Y los pasaportes? Según anunciaron esta semana, los seguirá haciendo Thomas Greg and Sons por otro año más. Y así, se le va pasando el tiempo al gobierno de Gustavo Petro sin concretar esta y otras tareas cruciales para los colombianos.
El método de trabajo es más o menos el siguiente: al Presidente se le ocurre algo, lo anuncia, algunas veces sin hacer una evaluación del impacto; los funcionarios sin mediar reflexión alguna corren a hacerle caso; aplican algún cambio; rápidamente se dan cuenta de que no están dadas las condiciones; se pierden recursos públicos, se sacrifican funcionarios, y luego al Gobierno le toca reversar y volver a lo mismo que el país tenía antes. Dar un paso adelante para luego devolverse dos atrás.
Lo mismo como alcalde de Bogotá, tumbó la licitación de la recolección de basuras, la capital se inundó de desechos, tres días de crisis, y Petro reversó y le fue a pedir cacao a los mismos contratistas contra los cuales habían lanzado tremendas diatribas. Igual que con Transmilenio, despotricó todo lo que pudo de los contratistas y del sistema de Transmilenio, pero a la hora de tener que transformar, lo único que hizo fue prorrogarles a los mismos privados el contrato y darles permiso de seguir usando unos buses ya viejos con el impresionante grado de contaminación que producían por la edad. Otra vez un paso adelante para luego volver dos atrás.
El libreto de ataque a los privados que cumplen una tarea de servicio público y la incapacidad de solucionar problemas se convierten en un cóctel Molotov en el que, tal vez contrario a lo que Petro quiere, lo que termina haciendo es privilegiando más a los privados a costa de lo público.