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No sé si nuestros lectores lo saben pero en las épocas de la colonia, la Corona española juzgó dañino —para el comercio de aguardiente y vino proveniente de la Península ibérica— la producción de vinos y licores en sus colonias americanas. Felipe II dictó normas prohibiendo nuevas plantaciones de viñedos y la construcción de alambiques en territorios de ultramar, las cuales fueron reiteradas a los virreyes Toledo y Velasco en las reales cédulas de 1620, 1628 y 1631. La cédula del 1º de junio de 1654, además de insistir en la prohibición de nuevas plantaciones, ordena a los propietarios de viñas y destilerías a pagar un derecho a la corona para conservarlas.
Si contemplamos esa norma a la luz del derecho actual la veríamos recesiva e injusta, sin embargo el único país que no rompió esas cadenas y dejó el monopolio del alcohol a cargo del Estado fue Colombia, quedando bajo la arcaica ley heredada del Imperio español, como si estuviéramos en las tristes épocas de encomenderos y conquistadores, cada departamento se abrogó el derecho de producir sus propios alcoholes y vetar de manera sistemática la producción de alcoholes a los particulares e incluso vetarse entre los propios departamentos por sentirse amenazados por productos de la competencia.
Por supuesto este esclerótico proceder viola los más elementales presupuestos democráticos del libre mercado y la libre competencia, llevando a la quiebra sistemática a la casi totalidad de licoreras departamentales, pues sobra mencionar el triste desempeño que la mayoría de estas empresas tienen al convertirse en fortines de politiquería y caja menor de las gobernaciones. Baste solo mirar, para envidia nuestra, la experiencia mexicana con su producción de 248 millones de litros de tequila al año con 140 empresas privadas ofreciendo más de 70.000 empleos directos, dejándole en divisas al Estado mexicano mas de US$1.300 millones de dólares al año.*
Por fortuna, en Colombia, esa situación se está revirtiendo gracias al coraje de algunos quijotes y a la expedición de la Ley 2005 de la panela, en 2019, que permite a los pequeños y empobrecidos trapiches artesanales la producción de bebidas alcohólicas, cuando reza: “Los trapiches de economía campesina podrán utilizar sus mieles para la producción de bebidas alcohólicas artesanales (rones artesanales, vinos artesanales).” La denominada ley Paloma (por la senadora Paloma Valencia) ha caído como un bálsamo para los interesantes emprendimientos particulares, como el ron que traemos invitado a esta sección: Quimbaya, hecho por manos campesinas en zonas como Santander de Quilichao (Cauca), Bugalagrande (Valle del Cauca), Villeta y San Francisco (Cundinamarca), con la asesoría de expertos destiladores, como lo es la casa Pedro Domecq Colombia que con 70 años de experiencia en la producción de Brandy Domecq, se han puesto en la tarea de apoyar y capacitar a estos pequeños emprendimientos campesinos para que logren, por fin, quebrantar los 200 años de monopolio que vienen arrastrando los destilados colombianos a través de su historia.
*Información de la cámara nacional de la industria tequilera