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Hace algunos días en la presentación del libro ‘La eficacia simbólica del derecho’ escuché a su autor, Mauricio García, un importante pensador e investigador de DeJusticia, esbozar una idea: si de acuerdo a las categorías de Max Weber un estado que tenga control sobre su territorio debe cumplir dos funciones básicas: cobrar impuestos y preservar la vida, entonces en los municipios donde los grupos ilegales tienen control, no se debería tener elección de alcaldes.
Es una propuesta audaz y que merece una profunda reflexión de cara a la gravísima situación de los territorios, que se entiende, según informes de Pares, están en no menos del 50 por ciento tomados por la criminalidad. Para ese propósito se tendría que intervenir el artículo 314 de la constitución, o sea una reforma constitucional, pero ese es otro tema. Lo que importa hoy es empezar a buscar y a abordar salidas.
Lo primero que propongo es establecer realmente en qué medida está un municipio tomado por los grupos ilegales. Todo o una parte. ¿Qué parte? ¿Una sustancial o una marginal? ¿Desde hace cuánto? Faltan unos indicadores objetivos para saber si está tomado por grupos ilegales o no. Por ejemplo, es capaz la fuerza pública de cumplir su deber constitucional de proteger a la población. ¿Están cooptadas las juntas de acción comunal? ¿Son funcionales los clanes políticos a la criminalidad?
Le pedí a varios analistas como el abogado constitucionalista Héctor Riveros analizar la propuesta, quien estaba presente en la reunión en la que Mauricio García lanzó la idea. Riveros consideró: “es práctica y razonable la propuesta de Mauricio García. Tiene dificultades jurídicas y políticas, pero es el reconocimiento de que la situación está desbordada y que la elección popular de alcaldes no ha sido la deseada en algunos lugares”.
Para el doctor en criminología, Jorge Mantilla, la propuesta de suspender la elección popular en esos sitios es muy difícil de operar a nivel constitucional. “No es descabellada, pero políticamente podría resultar muy costosa. Primero habría que hacerla en un momento de recambio. O sea, cuando esté terminando el periodo de los actuales alcaldes. Requeriría un argumento de excepcionalidad política y jurídica ante la tan difícil situación de orden público”.
Plantea Mantilla que tres problemas prácticos aparecen: el primero es establecer en qué municipios sí y en cuáles no. En un mapa de presencia de grupos armados habría que suspender las elecciones en 500 municipios. Una alternativa es suspender elecciones a nivel subregional y crear un consenso previo entre los candidatos y partidos políticos.
Los protectorados es una idea con la cual podría reemplazarse las elecciones para efectos de la coordinación con fuerza pública. Para el senador Humberto de la Calle, la elección de alcaldes no le ha servido a las minorías políticas sino al crimen. La respuesta es clara. Y el debate lo dejo servido.
Llegó el momento de pensar en cómo recuperar de manera urgente el control territorial en cientos de municipios de Colombia, y este primer planteamiento debe ser estudiado.
