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Cual si fuese un caprichoso policía de tránsito que revisa hasta el inflado de la llanta de repuesto para imponer una multa, el presidente Petro se obstinó en detener las mega obras del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá con el argumento de que “ni en la ley ni en las sentencias se habla de la demolición ni desaparición; mi gobierno desautoriza la demolición. Se le pidió a Copasa reformar el contrato y ante su negativa se ha liquidado”.
Precisiones: Las obras eran para restaurar y poner servicios de alto nivel de salud para 600 mil bogotanos con inversión de casi medio billón de pesos; Copasa es la empresa española contratada que ahora tiene un jugoso pleito con el que podrá embolsillarse decenas de millones de euros demandado a la Nación. Y ni está prohibido demoler ni pidieron reformar el contrato, ni se podía, y no se ha liquidado.
El capricho de Petro de conservar casi inalterable esa antiquísima y ruinosa construcción - que, así como lo pretende, funcionaría muy bien para oficinas o museo, pero no como hospital - lo llevó a usar el enorme poder del Estado nacional para ese antojo. Entre marzo y mayo de este 2024 se puso en marcha la operación a través de la obsecuente Supersalud, que escudriñó hasta el último papel de la “Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente” para justificar que la intervenía y tomó todo su control por encima del Distrito. Las subredes manejan los hospitales públicos; esta tiene a su cargo el San Juan de Dios y adjudicó en 2020 la licitación por $466 mil millones a Copasa para las obras, a entregarse completas en 2029.
Pero dado que la demolición de la Torre Central, epicentro del Complejo, era condición previa para toda la construcción y esta tiene una categoría de bien patrimonial protegido, Copasa solicitó en tres ocasiones autorización al Ministerio de Cultura; en las tres el Ministerio lo negó afirmando que había “insuficiencias conceptuales y normativas técnicas”, pero nunca dijo que estuviese prohibido demoler; sí se puede, pero condicionado a que “la construcción que la sustituya” conserve “la armonía e integración con el resto” del Conjunto. Ahí el interventor nombrado por la Supersalud encontró el esguince para terminar unilateralmente el contrato: que Copasa no había pedido, por cuarta vez, el permiso por lo cual la obra ya es “innecesaria o no necesaria” para la Subred, según reza la resolución que Petro ha celebrado.
Y justamente por esas negativas del permiso, Copasa acudió a tribunal de arbitramento internacional en noviembre de 2023 pidiendo $70 mil millones con el argumento de que “la Subred ha incumplido de manera grave y sistemática el contrato y la ley aplicable”. Y la Subred, a su vez, demandó a Copasa.
Mientras, las ruinas del San Juan seguirán ahí, inalterables como las quiere conservar Petro, los españoles se frotan las manos con la demanda y 600 mil bogotanos tendrán que seguir acudiendo a hospitales y clínicas más lejanos. Y la autonomía del Distrito Capital y el Estado de derecho sí podrán demolerse.
