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En días pasados, el senador Humberto de la Calle, afirmó en una presentación acerca de “La coyuntura política y el estado de derecho” que uno de los temas que preocupa actualmente es una “recentralización, no para Bogotá, sino en cabeza del presidente”. Esta afirmación se basa en cinco acontecimientos: la no provisión de cargos vacantes en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); la modificación de las vigencias futuras en la liquidación del presupuesto nacional; afectación de la naturaleza de la parafiscalidad al pretender redireccionar los recursos del Fondo Nacional del Café para que estos sean orientados y controlados por el gobierno; la resurrección de las funciones del antiguo Caminos Vecinales en cabeza de la Presidencia de la República, que anteriormente se había trasladado a gobernadores y alcaldes; y, finalmente, la reversión de la delegación minera que tenía el departamento de Antioquia.
Adicionalmente, la puesta en marcha de la reforma de la salud vía decreto (sistema de salud de los maestros, e intervenciones a varias EPSs) indica una preocupante estatización. Quien creyera que las políticas del gobierno del cambio y sus promesas de reducir la pobreza y la desigualdad iban a convertirse en una centralización en cabeza del presidente y una estatización fundada en ideas y fracasos del siglo pasado.
La descentralización es conveniente y necesaria en diversos ámbitos de la política pública pues es en lo local donde finalmente se aplican los recursos, se prestan los servicios sociales del Estado y se enfrentan las dificultades en la gestión pública del día a día. En lo local es donde se demandan los servicios y se revelan las preferencias. Esto es especialmente cierto en un país desigual (zonas rurales vs. urbanas) y de regiones. Colombia debería profundizar más la descentralización en vez de avanzar en esa centralización, a la fuerza, en cabeza del presidente.
De ahí que resulta fundamental, en este momento, la gestión de gobernadores y alcaldes, en particular cuando las propuestas de planes de desarrollo están siendo discutidas en las Asambleas Departamentales o Concejos Municipales. Estos planes son, en la práctica, una manera de contener el dañino ímpetu centralista y, de paso, las inversiones previstas contribuirían a no dejar que la economía caiga en una recesión. Esta inversión debe impactar los sectores productivos y el empleo altamente afectados por el bajo crecimiento económico.
Estudios recientes para Colombia señalan que el crecimiento económico es esencial para reducir la desigualdad de ingresos (Haddad, Bonet y Hewings, 2023) vía el empleo; igualmente acontece con la mejora en el acceso a la educación, de tal manera que, una gran cruzada de gestión y ejecución de esos planes de desarrollo contribuirían a impactar favorablemente la actividad económica, el empleo y la desigualdad. Y el sector privado y el académico podrían contribuir a esa cruzada a través de comités de universidades, empresas y estado e impulsar iniciativas para mayor inversión local, para empleo de los y las jóvenes y para reducir la pobreza extrema. Estos son retos inmediatos de gobernadores y alcaldes.
