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Acemoglu y Robinson (2012) plantearon que los países fracasan como consecuencia de diferencias entre las instituciones, las reglas que rigen el funcionamiento de la economía y los incentivos que mueven a las personas. Cuando existen “instituciones económicas inclusivas” se posibilita que muchas personas aprovechen sus capacidades en diversas actividades económicas. Esto requiere de instituciones que ofrecen seguridad jurídica a la inversión, sistemas legales imparciales y que los agentes económicos puedan firmar contratos y realizar intercambios. Por el contrario, las instituciones económicas extractivas favorecen a unas élites que extraen rentas como ha ocurrido históricamente y, las inclusivas, contribuyen a la prosperidad y a la reducción de la pobreza.
La pregunta obvia es ¿el gobierno del cambio promueve unas instituciones económicas inclusivas? Lo que se destaca es su gran desprecio por las instituciones. Ejemplo de ello es la actitud del ministro de Salud en el debate de moción de censura cuando afirmó que él no está obligado a rendir cuentas por decisiones que no corresponden a sus funciones ministeriales, refiriéndose al nuevo modelo de salud de los maestros. No es creíble que el Fondo del Magisterio hubiera definido el modelo al margen del ministro de Salud; la sola respuesta de este debería ocasionar una sanción disciplinaria. Minsalud no ha sido cuidadoso en la implementación de ese nuevo modelo, ni en la modificación de las normas, ni en el cálculo y control de costos, tampoco en la definición de la transición, ni en priorizar aquellos grupos con salud crítica. Peor aún, el gobierno del cambio no cree en la iniciativa privada y busca estatizar para controlar rentas y burocracias, de ahí su empecinamiento en la reforma a la salud.
La reforma laboral es otro ejemplo que señala que este gobierno se aproxima más a unas instituciones extractivas, lo cual resalta sus propias contradicciones. Dicha reforma no contribuye a la generación de empleo, en especial de jóvenes, ni a reducir la informalidad, pues solo promueve la estabilidad laboral para ciertos grupos de trabajadores y de esta forma se paga el apoyo de sindicatos y centrales obreras a la elección presidencial. Para generar empleo es necesario promover sinergias entre el Sena, las Cajas de Compensación, las Cámaras de Comercio, las empresas y el Estado, planes graduales para la formalización de empresas y nueva formación para el trabajo y el emprendimiento.
Un aspecto fundamental de las instituciones inclusivas es el control del territorio por el Estado nacional, así como la promoción al acceso a la educación, al conocimiento y a la tecnología. Sin embargo, la paz total lleva a la pérdida de dicho control en algunos departamentos. Además, la reforma a la educación superior excluye casi la mitad de la matrícula por ser privados.
Según los referidos autores “Colombia no es un estado fracasado” pero los logros en unas instituciones más inclusivas están en riesgo y el país está reproduciendo viejas prácticas que refuerzan las instituciones extractivas, el atraso y la pobreza. Esa es la consecuencia de un cambio impulsado por el desprecio por las instituciones.
