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No puede desconocerse que el presidente Petro fue elegido de acuerdo con las normas y regulaciones propias de una democracia pluralista en un Estado Social de Derecho.
Independiente de que el Consejo Nacional Electoral o cualquiera otra instancia institucional, esté investigando la realidad de lo ocurrido en la campaña Petro Presidente, lo cierto es que la presunción de legalidad, tan querida y protegida por el Estado de derecho occidental, debe aplicarse en este caso, de manera que, salvo que una autoridad competente decida lo contrario, el señor Gustavo Petro es el presidente que eligieron los colombianos, en ejercicio del derecho al voto, mecanismo fundamental para el sostenimiento del sistema democrático.
Corresponde al presidente elegido por los ciudadanos, demostrar en cada acto oficial, que realmente es un representante de la democracia institucional, a la cual debe respeto y acatamiento, ciñéndose en cada uno de sus actos, de manera estricta a los postulados constitucionales y legales que regulan el funcionamiento de las instituciones democráticas. Lamentablemente, la situación ha sido otra.
Desde el comienzo de su gobierno, el presidente ha tenido como una especie de “fobia” por las instituciones oficiales, de manera que sin actuar abiertamente en contra de las mismas, no pierde oportunidad para tratar de desprestigiarlas y alentar su cambio por otras, que según él, sean representativas y expeditas para sacar adelante sus reformas sociales.
En ejercicio del esquema de pesos y contrapesos, tan importante en la democracia, para evitar excesos y acumulaciones abusivas de poder, el presidente comenzó a experimentar que el congreso era un órgano independiente, un centro de controversia, necesario para el funcionamiento de la democracia, un foro para el debate de las grandes iniciativas, integrado por representantes de distintas ideologías, con capacidad para controvertir y aún oponerse a algunas de sus iniciativas.
Igualmente, el mandatario sintió el peso de la democracia, al observar la reacción seria y profunda de las Altas Cortes, con respecto a aquellas iniciativas que desconocían o atropellaban el marco Constitucional. Quizás el presidente soñaba con una justicia absolutamente entregada a su voluntad, que dejara de cumplir el sagrado deber de defender jurídicamente las instituciones que integran el Estado de Derecho.
También el presidente ha dejado entrever de manera permanente, su interés por controlar, como fortines políticos, muchas entidades y agencias del Estado, incluso perturbando su normal funcionamiento, como el caso de la integración de las comisiones de regulación de servicios públicos y la estabilización de la rectoría de la U. Nacional.
La idea de que las instituciones son un estorbo para el gobierno, se ratifica con su permanente propuesta de utilizar órganos y procedimientos alternativos, desconectados de la institucionalidad y de la Constitución. Entonces, manifiesta que quiere acudir a una asamblea constituyente distinta a la constitucional, a un referendo indefinido, al ejercicio de un poder constituyente alterno y últimamente a un fast track.
Procedimientos con alcances indefinidos, planteados para actuar por fuera de las reglas democráticas e institucionales consagradas por la Constitución.
