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Haciendo un símil, podría afirmarse que nuestra frágil democracia navega entre dos aguas, por un lado, aquellas turbulentas que tratan de hundir el barco y por la otra, una corriente serena que busca responder y reaccionar favorablemente.
El lamentable espectáculo del 20 de julio marcó un hito sobre ese afán que se observa en ciertos centros del poder, por destruir el esquema democrático. La displicencia con respecto a las fuerzas militares y de policía, mostrada por el jefe de Estado, con motivo de la conmemoración de los actos de independencia, contrasta con la hidalguía, orden, disciplina y conducta serena guardada por las fuerzas militares y de policía. El comportamiento del Congreso de la República, sujeto a los caprichos y ambiciones del ejecutivo, contrasta con la autonomía e independencia de los altos órganos judiciales.
No de otra manera se explica que algunas semanas después de que al gobierno le fracasaran algunas de sus iniciativas por falta de apoyo del legislador, a tal punto de querer reemplazarlo por una constituyente, ahora resulta, que gracias a acuerdos, componendas y sujeciones de distinta índole, de manera casi unánime, los congresistas eligen como presidente del Senado a un representante del partido conservador, mientras que para la presidencia de la cámara, se impone de manera absoluta el nombre de un representante del gobierno.
Quiere esto decir, que la autonomía del Congreso ha quedado nuevamente en entredicho, pues tal parece que las tentaciones o quizás las prebendas provenientes del gobierno, se imponen sobre cualquier intento de autonomía e independencia.
No sucede lo mismo con los órganos que integran la administración de justicia. Salvo el caso de la fiscalía, que por el momento es muy pronto para evaluar sus actuaciones, los distintos órganos de la justicia y del control, han demostrado que por encima de comentarios descalificadores y desobligantes del Gobierno, se ha impuesto el criterio y seriedad institucional, de manera que la estructura judicial mantiene su rigidez como soporte fundamental para la defensa del Estado Social de derecho.
Por último, es menester hablar de la propia Constitución. La Carta de 1991, tan criticada por algunos, por considerar que introdujo una serie de disposiciones en contra de la firmeza y la seguridad jurídica, debe ser objeto de defensa y admiración, por la manera como a través de sus disposiciones encierra todo un engranaje normativo necesario para la defensa de las instituciones.
Sin las regulaciones y limites que dispone la Constitución, es posible que se hubiese hundido de manera definitiva el Estado de derecho, por la tentación de ciertos órganos del Gobierno, de querer actuar por fuera de la normatividad constitucional.
Claro, las aguas turbulentas continúan, el barco de la democracia no se ha salvado, y a punto de escándalos y corrupciones, todos los días se le lanzan peligrosos dardos, pero mientras tengamos una Constitución que respetar, unas fuerzas armadas y de policía que admirar, y una estructura judicial digna de imitar, el barco de la democracia no va a naufragar.
