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Este 2023 termina para Colombia con cerca de 320 secuestrados, según la Policía Nacional. El año 2022 fueron 190 las víctimas. Saldo en rojo de aumento en violencia política, violencia guerrillera, violencia de narcotráfico, violencia de bandas criminales. Para muchos colombianos fue una Navidad negra. Con razón dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que Colombia sí era potencia, “pero no de la vida, sino del crimen”.
La pugnacidad ha estado presente en largos tramos de la historia nacional. La formación de la República se desarrolló en un marco de violencia. El siglo XIX fue abundante en guerras civiles. El abogado/historiador Rodrigo Puyo Vasco, en su reciente como investigada y profunda obra El mundo jurídico colombiano del siglo XIX, cifra “en cerca de 50 las insurrecciones o revueltas de carácter local” en el decimonónico. La más clara evidencia de la inestabilidad institucional de la época.
El paso al siglo XX fue en medio de una guerra civil que duró mil días. Una breve pausa entre 1904 y 1929. Luego se atizaron los conflictos. A medida que corrían sus décadas, las violencias se recrudecieron: la guerra civil no declarada a mediados del siglo XX entre liberales y conservadores. Chusmas, contrachusmas, bandoleros, guerrilleros. Finales del XX y lo que va del XXI, narcotráfico, bandas criminales. Secuestros, extorsiones, chantajes. Todos en punible ayuntamiento violaron las páginas del código penal y los derechos humanos.
Los avances que ha tenido el país en tecnologías, ciencias, en las academias, se les asordina con la violencia. Pasamos del siglo XIX al XX y de este al XXI sin lograr la paz. Los grupos delictivos persisten en sus acciones criminales. La Paz Total, desordenada propuesta petrista, se hizo sin calcular las fuentes de ingreso para financiarla y sin planear la capacidad gerencial del Estado para aplicar justicia, así como la de invertir y cumplir los compromisos adquiridos en medio de la jarana populista. Hoy el país afronta unas disidencias farianas crecidas y otros grupos subversivos golpeando la mesa de diálogos para imponer sus pretensiones. El sur de Colombia está dominado por fuerzas ilegales que han establecido su propio imperio.
Finalizando el 2023 el desorden urbano y rural creado por los diversos y bien armados clanes delincuenciales se multiplican. Entre todos sus actores desfloran la paloma de la paz. Desbordados esos delitos, los recursos que gasta el Estado en la protección de la vida de personas vulnerables se vuelven insuficientes. Dos billones de pesos han costado los esquemas de seguridad salidos de las arcas del Estado en solo dos años. De 115 mil mortales que en 24 meses han solicitado protección, apenas 8 mil cuentan hoy con ella. Pagos de escoltas, carros blindados y alquilados, reubicación de protegidos, son las partidas más voluminosas del gasto protector. Indígenas y afrocolombianos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, desmovilizados de grupos ilegales, congresistas, magistrados, ministros, son protegidos. De resto, 50 millones de colombianos siguen a merced de los violentos.
En Colombia el ciudadano sigue desprotegido. Aquella función del Estado de Derecho de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos se volvió utopía.
