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A dos años de su mandato, el gobierno de Gustavo Petro muestra claros signos de desgaste por la falta de resultados tangibles y por su estrategia de captura del Estado. Desestima la promesa de cambio y autonomía respecto a la política tradicional y sus prácticas. Petro parece interesado en asegurar que esta ineficiente estructura burocrática funcione como plataforma para las elecciones de 2026, donde un sucesor de la izquierda buscará capitalizar lo que quede de su legado.
Esta mezcla le ha dado control sobre puestos clave en la administración, garantizando lealtad a su proyecto de gobierno. Sin embargo, este control ha tenido un alto costo: la ineficiencia estatal, resultado de alianzas, ha socavado la capacidad del gobierno para gestionar el país con la rapidez y eficacia que la actual coyuntura exige. La pregunta es si el país soportará esta deriva política sin caer en confrontación social y violencia.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que prometía un cambio profundo, ha resultado limitado en su ejecución real. Apenas llega al 48.3%, un escaso avance en muchas de las políticas planteadas. Aunque sectores con mayor inercia en el gasto, como Educación (64%) y Salud (62%), presentan cifras relativamente altas, el impacto en la vida cotidiana de los colombianos ha sido marginal. Los avances en áreas clave, como la reducción de la pobreza, aunque significativos, no son suficientemente contundentes para frenar el descontento social, que erosiona la credibilidad del gobierno.
La expansión deliberada de la burocracia como el deslucido Ministerio de la Igualdad y el insólito 1.24% de ejecución presupuestal, no es fortuita. Este incremento del gasto burocrático responde a una estrategia para asegurar que la izquierda, pese a su creciente impopularidad (apoyo por debajo del 40%), conserve capacidad de maniobra en regiones donde logró caudales significativos de votos en las últimas elecciones.
En lugar de corregir el rumbo y atender el descontento social, Petro mantiene una narrativa confrontativa, responsabilizando al gobierno de Iván Duque por las falencias de su gestión. El descontento, sumado a la ineficacia gubernamental refuerza la división política y prepara el terreno para nuevos estallidos sociales, como en 2021, reflejando incapacidad del gobierno para reconciliar intereses nacionales y gestionar con eficacia la crisis.
Decisiones impopulares, aunque fiscalmente necesarias, como el aumento en precios de los combustibles, han generado malestar en la opinión pública. La medida desencadenó un efecto dominó sobre la economía, incrementando el costo de bienes y servicios esenciales. El alza en combustibles ha exacerbado la inflación, que en 2023 alcanzó el 11.78%, profundizando las dificultades para la clase media y baja. La posibilidad de que la izquierda llegue debilitada a las elecciones de 2026 es evidente.
Con un respaldo del 30% en las encuestas, las divisiones internas y la fragmentación política se profundizan, en parte debido al estilo discrecional y arrogante del presidente. No se trata de las “muñecas de la mafia”, ni de un empresariado enemigo, como intentó minimizarlo al referirse al término “lookout” en reciente alocución, sino de un rechazo hacia una administración desconectada de las necesidades de los sectores más vulnerables.
En lugar de centrarse en construir una base sólida y técnicamente competente para la ejecución del gasto público, Petro y sus áulicos parecen más enfocados en consolidar una maquinaria electoral cuyo objetivo es garantizar la supervivencia política de su proyecto más allá de su mandato, sacrificando así la gobernabilidad en favor de un esquema de poder a largo plazo.
