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Hace apenas algunas semanas, los colombianos estábamos inmersos en debates sobre el futuro de la salud, las pensiones y la educación, que son algunos de los sectores que el gobierno nacional ha querido reformar.
La discusión temática y técnica sobre asuntos como la financiación del modelo de salud, la construcción de nuevos centros de atención primaria y el trámite en el Congreso, ocupaban el espacio de periódicos y las emisoras en sus análisis diarios.
En cuestión de días y con el golpe de mano que el gobierno ha dado a través de la Superintendencia de Salud con la intervención a EPS, el debate ha cambiado por completo. Nos enfrentamos ya no a una discusión temática sino a la pregunta de si el presidente respetará el Estado de Derecho o no.
Son tantas las noticias, las polémicas diarias y la lluvia de iniciativas diversas por parte del gobierno nacional, que esto dificulta la comprensión y valoración de lo que ocurre en el país. Ante estas distracciones múltiples y permanentes es posible que perdamos el foco sobre los asuntos fundamentales, entre ellos, la supervivencia y continuidad de la democracia en Colombia.
Ante la investigación abierta por la Procuraduría contra el superintendente de Salud por la intervención expedita de las EPS, y con la reacción del presidente de la República diciendo que él asume la responsabilidad por lo ocurrido, el mandatario reta a la Procuraduría. También ocurre lo mismo cuando dice que el Congreso negó su reforma a la salud porque ha recibido financiación directa de empresas privadas de salud y entonces propone una constituyente como respuesta.
Petro está retando a las otras ramas del poder público al querer concentrar poderes y señalar a las instituciones que buscan controlarlo como corruptas.
Lo anterior supone un desafío a la democracia en Colombia. El presidente buscará implementar sus proyectos no por la vía institucional sino con golpes administrativos que exceden sus funciones y autoridad. En medio de todo y para desorientar la atención de la opinión pública, lanza distractores como una película suya y la propuesta de romper relaciones diplomáticas con países como Israel y Argentina. Esos sí son globos.
Hoy no es claro que el presidente respete la Constitución y las leyes ni a las otras ramas del poder público, con todas sus implicaciones. Insisto en que analizar los escenarios políticos que el gobierno está planteando al país desde la óptica legal e institucional es equivocado, pues es posible que Petro empiece a actuar por fuera de las normas bajo la premisa del mandato popular que tiene y que está buscando justificar con sus encuentros constituyentes.
Los debates sobre los detalles ya pasaron. Estamos enfrentados ante un asunto fundamental: ¿Respetará el presidente de Colombia el Estado de Derecho o será este su próximo enemigo?
