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El régimen venezolano ha cometido fraude. Durante la campaña inhabilitó a María Corina Machado, impidió que hubiera veeduría internacional, limitó la presencia de medios de comunicación y hasta amenazó con un “baño de sangre”, como lo dijo el dictador unos días antes del día de elecciones.
Con todo lo anterior y otros abusos cometidos por el régimen, el gobierno de Petro ha mantenido una postura de indiferencia y aparente complicidad frente a la ruptura democrática en Venezuela. Comunicados con generalidades por parte del Canciller, silencio sepulcral del presidente -normalmente es tan activo en redes sociales-, altos funcionarios del Ejecutivo y congresistas del Pacto Histórico defendiendo el sistema electoral venezolano, son una señal inequívoca de la cercanía de este colectivo político con Maduro y su organización.
Para el momento de escribir esta columna, Petro sigue sin pronunciarse sobre lo ocurrido en Venezuela y sólo el Canciller ha emitido un comunicado escueto pidiendo “escuchar las voces de todos los sectores” y que los “observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso”.
¿Será que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha escuchado las múltiples voces y gritos de justicia por parte de la oposición? ¿No se ha enterado el Canciller del pronunciamiento del presidente chileno Boric quien expresó que no reconocería ningún resultado que no fuera verificable? ¿Cuántas voces más necesita escuchar el señor Canciller para salir del letargo y adoptar una posición de defensa de la democracia?
En cuanto a los veedores y observadores mencionados en el comunicado, ¿Por qué no dijo nada el gobierno de Colombia frente a la deportación de la exvicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, quien iba a jugar un rol de veeduría independiente en las elecciones? Por el contrario, el régimen -con la anuencia del gobierno colombiano- solo aceptó al expresidente Ernesto Samper, a la senadora del Pacto Histórico Clara López y a Rodrigo Londoño (Timochenko) como observadores.
De parte de estos políticos no se escuchó ninguna crítica o voz de preocupación ante lo ocurrido, su rol más que de observadores fue de validadores del régimen. La situación en Venezuela sigue en desarrollo, aún no sabemos si se consolidará la dictadura y si los países democráticos del mundo lo permitirán.
En cualquier caso, la posición del gobierno Petro, deja un sentimiento de zozobra y preocupación frente al futuro de la democracia en Colombia. ¿Respetarán las elecciones de 2026? ¿Presentarán garantías a la oposición? Resulta difícil de creer que pasáramos de una tradición de respeto a las instituciones democráticas a ser un país alineado con el autoritarismo en la región y el mundo. Se ha caído la máscara de quienes durante años posaron como demócratas en Colombia, ya sabemos el tipo de sistema político que prefieren.
Quedarse en la preocupación es estéril, desde ya debemos unirnos y exigir que en 2026 tengamos elecciones libres y con garantías. Ver, leer, escuchar: El libro, Sobre la tiranía del historiador norteamericano Timothy Snyder. Un recordatorio sobre la necesidad de defender las instituciones y abandonar la indiferencia.
