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En una entrevista el pasado lunes en el periódico El Tiempo al Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, se le preguntó sobre el avance del nombramiento de los comisionados a la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (Creg). Su respuesta dice bastante sobre lo que piensa este gobierno en materia de servicios públicos.
Según Quiroga, el Consejo de Estado ha tumbado el nombramiento de los comisionados nombrados por este gobierno que “han sido personas que tienen experiencia, pero no han trabajado en el sector privado” (en realidad es por no cumplir con los requisitos). Y luego anota: “Ese requisito parece que fuera adrede para que solo los empresarios pudieran regular sus mismos servicios”.
Que este gobierno quiere que el Estado preste los servicios públicos domiciliarios —todos ellos, no solo el de energía— no es un secreto, y se refleja en los borradores de reforma a la ley de servicios públicos que han circulado desde hace meses. Pero lo que es lamentable, es que el gobierno, a través del Superintendente, piense que los comisionados que han estado en la Creg históricamente —una entidad que ha sido ejemplar en la ejecución de la regulación de servicios públicos en el país— sean unos mandaderos de los empresarios dueños de generadores, transmisores y distribuidores de energía eléctrica.
Por la Creg han pasado algunos de los mejores profesionales en materia de regulación de servicios públicos en América Latina. Colombia siempre había sido referente a nivel regional en relación con la madurez y la calidad de la regulación de los servicios públicos, en particular los servicios de energía eléctrica. Y precisamente porque la naturaleza de algunos de estos servicios es entre oligopólica y monopólica, es que es importante la Creg y la regulación.
Aunque esto ha cambiado dramáticamente, especialmente en el eslabón de generación, donde varios nuevos entrantes —gracias al abaratamiento de la inversión requerida para hacer centrales pequeñas y centrales solares— han permitido aumentar de manera importante la competencia, especialmente durante algunas horas del día. Hay aún que resolver las horas pico, eso es verdad.
Pero esto se hace con mayor competencia, no estatizando los servicios públicos. Y la mayor competencia, además de una tarifa eficiente, debe generar confiabilidad. Y esto se logra, así este gobierno no lo admita, con combustibles fósiles.
Hablando de tarifas, esta es otra de las menciones del Superintendente Quiroga en la entrevista. Él dice que este gobierno está luchando por tener tarifas “justas”. Desafortunadamente, este concepto no existe. Las tarifas —que no son otra cosa que el precio que se paga por un servicio público— no son inherentemente justas o injustas; lo que si son, son eficientes o ineficientes. Y la regulación, así al Superintendente no le parezca, debe velar por la eficiencia de los precios. Si la sociedad decide que hay ciertos sectores de la población que no pueden pagarlos, esto debe arreglarse vía subsidios.
Pero no vía cambios regulatorios para volver las tarifas artificialmente “justas”. Pocas cosas en Colombia —tal vez la salud— han generado mayor bienestar desde la creación de la Creg que la prestación de los servicios públicos, tanto en cobertura como en calidad.
Hay que hacer reformas regulatorias, por supuesto. Pero fortaleciendo a la Creg para incentivar la competencia, no para truncarla.
