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La semana pasada el canciller (e) de Colombia Luis Gilberto Murillo asistió a un debate de control político en la Comisión II de la Cámara de Representantes. Entre los múltiples temas que se trataron, Murillo explicó el nuevo modelo de expedición de pasaportes en el país, un tema que el mismo ha calificado de “vergonzoso para la Cancillería” por la forma como se ha desarrollado.
El nuevo modelo, explicó, consiste en entregar a la Imprenta Nacional -una entidad que nunca ha tenido el proceso de expedición de pasaportes a su cargo- para contratar a una compañía privada y una entidad pública que puedan encargarse de la expedición de los pasaportes en el país.
Según lo expresado por el canciller (e), este nuevo modelo se basaría en tres criterios: mayor porcentaje de participación pública, mayor seguridad de información y mayor pluralidad de proponentes. “Uno de los criterios que estamos aplicando para el nuevo esquema que queremos proponer es que haya mayor participación de lo público y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso, la Cancillería tomó la decisión, a mi llegada, de suspender la licitación que se encontraba en curso”, comentó Murillo en el debate.
En las afirmaciones del canciller (e) llama la atención que no se menciona -por lo menos en las declaraciones que se han dado a conocer en la prensa- el hecho de que el modelo de expedición de pasaportes debe servir de la mejor manera a los ciudadanos del país. Quién sabe si lo mencionó durante otro momento del debate. Pero el hecho de que los criterios del nuevo modelo no incluyan hacer del proceso uno eficiente, competente, ágil y amable para el ciudadano, explica mucho de cómo se percibe la gestión pública desde el Gobierno nacional.
Y este tema no solo es de este Gobierno; lo cierto es que en Colombia los incentivos para los funcionarios públicos no son los más adecuados. Y esto lleva a que, al pensar y diseñar nuevas políticas públicas, se piense es en cómo no caer en las manos de alguno de los entes de control, por ejemplo, o de quedar mal con las visiones políticas del jefe.
Estos incentivos perversos, propios de nuestro diseño institucional y jurídico, se ven exacerbados cuando se considera, además, la cuestión política, el dogma, los sesgos propios de las personas y el comportamiento colectivo. Con un gobierno tan cargado de ideología como el actual, terminamos en que los diseños de procesos públicos buscan más “participación pública” o “pluralidad de proponentes”, en lugar de resolver los problemas que tanto aquejan a los ciudadanos.
No importa el lado desde que se le mire: la transición energética, la reforma agraria, la paz total. Todo atravesado por el dogma y la ideología, poco importa si lo que piensan implementar resuelve de verdad los problemas reales del país.
Todo lo anterior hace aún mas admirable la labor de tantos funcionarios públicos valientes -de este y otros gobiernos- que han arriesgado su pellejo, su tranquilidad, por defender posiciones que pueden no ser populares o políticamente correctas pero que de verdad generan un impacto enorme y positivo en el bienestar de la población. Toda la admiración para ellos que hacen ese trabajo silencioso y efectivo que tanto debemos agradecer.
