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Recientemente, el gobernador Andrés Julián Rendón, rechazó una invitación del Alto Comisionado para la Paz, para participar en la Mesa de Diálogo Nacional entre el Estado Mayor Central (una de las disidencias de las FARC) y el Gobierno Nacional. Sorprendentemente, esta negativa no se manifestó a través de un comunicado oficial, sino mediante un trino en su cuenta de X, lo que sugiere que su intención principal parece ser ganar popularidad en redes sociales, más que proteger a la población afectada por la violencia.
La decisión es un mal mensaje a los alcaldes y a diversas organizaciones sociales. Estos actores, que sí participaron en el encuentro, esperaban el respaldo del gobernador ante el evidente control territorial que ejercen los grupos ilegales en sus subregiones. La ausencia del gobernador en este espacio no solo debilita la representación de Antioquia en la Mesa de Diálogo, sino que muestra una falta de compromiso con las comunidades.
He sido crítico de la política de Paz Total del gobierno de Petro, que ha demostrado improvisación y ha enviado mensajes equívocos. No obstante, es fundamental diferenciar entre criticar las políticas del gobierno nacional y rechazar la participación en un encuentro que reúne a la sociedad civil, los alcaldes y los representantes del gobierno. Este era el espacio ideal para que el gobernador expusiera la crítica situación de orden público, manifestara sus dudas sobre la política de paz y condenara frente al EMC su accionar en contra de la población civil.
La Fundación Sumapaz, que monitorea la situación de derechos humanos en todo el departamento, ha señalado focos de violencia preocupantes en el Bajo Cauca y Nordeste. En la zona Norte, el cese al fuego ha reducido la violencia, pero el control territorial de los ilegales sigue siendo evidente, con preocupantes casos de reclutamiento forzado de menores. Estos problemas no pueden ser ignorados y requieren la intervención activa y comprometida de todos los niveles de gobierno.
El EMC tiene presencia en municipios como Yarumal, Anorí, Campamento, Segovia, entre otros, y el rechazo del gobernador a participar en la Mesa de Diálogo Nacional representa una oportunidad perdida para avanzar en la construcción de paz. Su presencia podría haber fortalecido la voz de las comunidades locales y presionado para encontrar soluciones concretas a la crisis de seguridad. Es lamentable que intereses personales y políticos se interpongan en el camino del bienestar de la población antioqueña.
La paz no es un camino fácil ni exento de controversias. Requiere el esfuerzo conjunto de todos. Es imperativo que el gobernador reflexione sobre su rol y las responsabilidades inherentes a su cargo. La población antioqueña merece líderes que estén dispuestos a enfrentar los desafíos con valentía y determinación, que busquen soluciones a través del diálogo y la cooperación, y que no utilicen la violencia como un medio para ganar notoriedad. Solo a través del compromiso sincero y la participación activa en procesos de paz podremos aspirar a un futuro donde la violencia no sea el pan de cada día y donde todos los antioqueños puedan vivir en tranquilidad y prosperidad.
