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El 7 de agosto, convocados por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, cientos de personas se congregaron en la plazoleta de La Alpujarra en una “gran concentración en defensa de la democracia” en Venezuela, denunciando el fraude en las recientes elecciones. Hubo tarima, banderas, y discursos del gobernador, el alcalde y el expresidente Uribe.
El interrogante que me quedó fue: ¿qué tan útil es esta concentración y qué tanto aporta a la crisis política que vive el hermano país? Medellín Cómo Vamos ha documentado que, para agosto de 2023, más de 241,000 personas nacidas en Venezuela residían o tenían la intención de quedarse en Medellín.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares revela que el 52,1% de estas personas viven en pobreza moderada, más del doble que el resto de los habitantes de la ciudad. En cuanto a la pobreza extrema, la cifra es aún más alarmante: el 13,4% de los venezolanos se encuentra en esta situación, comparado con el 4,8% de los habitantes locales.
Estos datos nos muestran una realidad que no se resuelve con discursos de tarima, sino con políticas públicas efectivas. La falta de regularización, la escasa convalidación de títulos y la carencia de acceso a oportunidades de empleo formal son problemas que necesitan soluciones urgentes.
En lugar de movilizar a las masas para una foto, sería mucho más productivo ver a nuestros gobernantes anunciando mejoras en las políticas de atención a migrantes y apoyo en la regularización de su estatus migratorio.
Salvo algunos sectores radicales, hay un consenso generalizado en la región sobre el fraude electoral en Venezuela. Sin embargo, surge un interrogante: ¿es realmente la mejor respuesta una manifestación donde los políticos locales son los protagonistas? La movilización pública tiene su valor simbólico, pero en un contexto donde las necesidades humanitarias y socioeconómicas son apremiantes, los discursos grandilocuentes parecen vacíos y desconectados de la realidad.
Si la situación política en Venezuela no mejora pronto, es altamente probable que la migración aumente. Ante este escenario, la pregunta que deben hacerse nuestros gobernantes no es cómo pueden capitalizar políticamente la crisis, sino cómo pueden implementar políticas públicas que mitiguen sus efectos en la población migrante.
Nuestros líderes, que ya no son candidatos ni activistas, tienen la responsabilidad de centrarse en soluciones concretas y efectivas. Esto incluye mejorar la infraestructura de servicios sociales, facilitar la regularización de los migrantes, asegurar el acceso a empleo formal, y diseñar programas de inclusión que permitan a la población venezolana integrarse en la sociedad.
En lugar de centrarse en movilizaciones de alto perfil, sería mucho más beneficioso ver a nuestros gobernantes anunciar nuevas políticas de integración, programas de apoyo social y estrategias de desarrollo económico que incluyan a la población migrante. Así, se podrá abordar de manera efectiva la crisis migratoria y asegurar que Medellín siga siendo una ciudad de oportunidades para todos, sin importar su lugar de origen.
El papel de los activistas es movilizar; el papel del gobierno es trabajar por las poblaciones vulnerables. Así que, menos pantalla y más acción, señores gobernantes. Ya es hora de poner manos a la obra.
