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El reciente paro camionero dejó importantes lecciones para el Gobierno y el país. Aunque se logró una negociación que permitió levantar los bloqueos, cada día de paro representaba un duro golpe a nuestra ya frágil economía. Las consecuencias se sintieron en varias regiones: escasez de alimentos, inflación en los precios y afectaciones a las cadenas de producción. En ese sentido, es justo reconocer como un acierto del Gobierno haber alcanzado un acuerdo con el gremio transportador que desactivó la crisis.
Sin embargo, aunque el acuerdo resolvió el conflicto de manera inmediata, el problema estructural que lo originó sigue latente. La discusión giraba en torno al precio del diésel y el subsidio que el Estado mantiene sobre este combustible. El acuerdo alcanzado fue un alivio temporal: un alza inmediata de 400 pesos por galón, y otro incremento de igual valor para diciembre. Esta solución, aunque suficiente para frenar el paro, deja pendiente una pregunta clave: ¿hasta cuándo podremos mantener este subsidio?
El subsidio al diésel es, sin duda, una medida impopular, pero su desmonte es necesario y urgente. Año tras año, este apoyo genera un hueco fiscal que sigue creciendo y que debe cubrirse con recursos del presupuesto general de la nación. Estos recursos, que deberían estar financiando sectores clave como la educación y la salud, terminan dirigiéndose a cubrir el diferencial en el precio del combustible. Es una carga que se vuelve cada vez más insostenible para el país. Si bien el acuerdo desactivó la crisis inmediata, el subsidio sigue existiendo en gran parte, y el costo para las arcas del Estado sigue acumulándose.
El gran desafío es que el precio del diésel tendrá que seguir subiendo en los próximos meses para corregir este déficit. Pero, ¿cómo enfrentará el Gobierno las futuras protestas que seguramente surgirán ante nuevos aumentos? Este paro fue desactivado, pero el malestar persiste, y cada ajuste adicional será un detonante potencial para nuevos paros. La pregunta ahora es cómo manejará el Ejecutivo las futuras alzas sin generar otra crisis social.
Este episodio también deja importantes lecciones para el propio Gobierno. Durante la campaña, el presidente y su equipo criticaron abiertamente a los gobiernos anteriores por aumentar el precio del combustible. Se presentaron como defensores del pueblo, prometiendo que no seguirían el mismo camino de ajustes impopulares. Sin embargo, ahora que están en el poder, se enfrentan a la realidad de la gestión pública y se ven obligados a tomar las mismas decisiones que antes criticaban. La vida les ha dado una lección: gobernar implica tomar decisiones difíciles y, muchas veces, impopulares.
El populismo que fue efectivo para ganar las elecciones no es sostenible cuando se enfrenta a la realidad económica del país. En este caso, los costos del subsidio al diésel son demasiado altos, y seguir manteniéndolo en los niveles actuales solo profundiza el déficit fiscal en un momento en que las cuentas del presupuesto del 2025 parecen bastante enredadas.
Es fundamental que el Gobierno actúe con responsabilidad y transparencia en este tema. El subsidio al diésel es solo una parte del problema estructural que enfrenta la política fiscal del país.
