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El domingo pasado, el dictador Nicolás Maduro perpetró un fraude que pretende desconocer el clamor del pueblo venezolano. Este acto no solo representa un golpe a la democracia, sino también una afrenta a la dignidad de millones de personas que anhelan un futuro en libertad.
La oposición venezolana, políticos de todas las orillas del espectro, la comunidad internacional en pleno -excepto aliados incondicionales como Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba y algunos más-, medios de comunicación, ciudadanos venezolanos y organizaciones sociales, han denunciado irregularidades antes, durante y después del proceso electoral. Las dificultades para inscribir testigos electorales y el impedimento para votar de millones de venezolanos en el extranjero son solo algunas de las trabas que han evidenciado el carácter fraudulento de estas elecciones.
Al cierre de esta columna, el presidente Gustavo Petro guardaba silencio frente al tema. Esto preocupa y sorprende, pues diariamente lo vemos trinando compulsivamente sobre lo divino y lo humano. En un momento tan crítico para Venezuela, la falta de una postura clara de un líder regional como Petro resulta inquietante.
Lo que le corresponde a los demócratas es rechazar esta trampa sin ambigüedades: lo ocurrido el domingo fue un fraude que destruye cualquier ilusión de construir un futuro en libertad para los venezolanos. La denuncia de este atropello debe ser contundente y unánime, reafirmando nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos.
En una columna anterior, señalé que en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador no hay garantías para hablar de democracia. Sus regímenes torpedean las elecciones y los sistemas de pesos y contrapesos son inexistentes. La situación en Venezuela ejemplifica esta problemática, donde el control absoluto del gobierno sobre las instituciones electorales y judiciales ha permitido una perpetuación en el poder, pasando por encima de la voluntad popular que de manera clara y contundente apoyó a Edmundo González y a María Corina Machado.
La situación en Venezuela nos recuerda que la lucha por la democracia es una batalla constante que requiere vigilancia y acción continuas. No podemos permitir que las elecciones fraudulentas y los gobiernos autoritarios se conviertan en la norma. Es crucial que la comunidad internacional y los ciudadanos de cada país se mantengan firmes en la defensa de los principios democráticos, por encima de las afinidades políticas.
La presión internacional es fundamental para contrarrestar la dictadura de Maduro. Según todas las encuestas, y a pesar del saboteo del régimen contra la oposición, hay un triunfo arrollador de los venezolanos que exigen libertad y rechazan el régimen enquistado en el poder durante más de 20 años. La comunidad internacional, convencida de que el proceso electoral no ha sido transparente, ha reclamado al chavismo que muestre las actas de los colegios electorales, pero aún no aparecen.
El fraude no es solo un problema venezolano, es un recordatorio para el mundo de que la democracia no es un derecho garantizado, sino una lucha constante que requiere el compromiso y la vigilancia de todos los ciudadanos. La libertad y la justicia deben prevalecer sobre la tiranía y el fraude, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que así sea.
