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Quizá más relevante que valorar que ha hecho o ha dejado de hacer el actual Gobierno, quisiera realizar una mirada de largo plazo, que va más allá de uno o dos gobiernos. El conflicto armado colombiano tiene alrededor de siete decenios y con sus cambios y transformaciones –más o menos politizaciones y fragmentación de los actores armados- sigue presente. Los procesos de paz de los diversos gobiernos, desde Virgilio Barco con su primera política de paz exitosa, hasta el actual, han tenido su incidencia y el accionar de la Fuerza Pública igualmente.
Hay dos momentos que han sido de mayor relevancia, por su influencia en disminución de indicadores gruesos como el número de homicidios o el número de hombres en armas, que fueron la desmovilización de las AUC –parcial sin duda, pero no menos relevante por eso- y el Acuerdo de Paz de La Habana con las FARC-EP. Hay que señalar que la política de Paz Total del actual Gobierno ha tenido incidencia en la disminución de homicidios, no así en otro tipo de delitos, pero sin duda es importante destacarla –por el momento se mantiene como un factor de esperanza en relación con resultados mayores, que están por verse-.
Pero, cuando uno analiza los variados esfuerzos del Gobierno Petro –mesas con diversos grupos armados y ensayos en lo que han llamado ‘laboratorios de paz’ urbana-, se encuentran dos grandes obstáculos, el primero, la falta de articulación o por lo menos de coordinación evidente entre la Paz Total y la Política de Seguridad del actual Gobierno –no se resuelve teniendo militares o policiales en servicio activo o en retiro como parte de las Mesas de Conversación- y el segundo, mucho más estratégico y que ha sido un ‘olvido deliberado’ por denominarlo de alguna manera por los distintos gobiernos, es avanzar en la construcción de Estado en las regiones o en los territorios como algunos prefieren decir ahora; y es estratégico, porque sólo cuando tengamos un Estado que esté presente de manera permanente en los distintos espacios del territorio nacional; y estamos hablando de la dimensión militar y policial del Estado, pero más importante si se quiere, la dimensión civil de ese Estado, la que resuelve conflictos y regula la vida cotidiana con la justicia, la que oferta educación y salud a los pobladores, la que da condiciones y promueve la inversión privada y pública para generar empleo y desarrollo, en fin el que garantiza a los ciudadanos una vida con derechos y posibilidades de desarrollo.
Esperemos que en lo que le resta al actual Gobierno se pudiera avanzar en esa dirección, por lo menos en parte, lo cual sería una gran contribución a ponerle fin al conflicto armado que convive con nosotros desde hace tanto tiempo y sin duda el mejor estímulo-presión para que los grupos ilegales entiendan que está llegando el tiempo de su final y que los pobladores igualmente entiendan que no hay espacio para continuar viviendo de rentas ilícitas y que se trata de, con el apoyo del Estado, promover actividades productivas agropecuarios, de servicios, de agroindustria que les garanticen una vida digna.
