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Esta semana se enciende el debate nacional acerca de la forma como el gobierno afrontará el cierre del hueco fiscal con que presentará al Congreso la ley del Presupuesto Nacional para la próxima vigencia. Llega con un boquete de 12 billones de pesos, que intentará cubrir con otra reforma tributaria. Cero y van dos en esta mitad de gestión de gobierno marcada por escándalos, derroche, ineficiencia, negligencia, encerrados en el círculo de la corrupción. Como es usual, los empleados formales, las personas naturales, los asalariados llevarán lo más pesado de la carga.
Ya las personas naturales despertaron el año con aumentos en la tributación hasta del 50%. Vendrá nueva penitencia, de aprobarse el proyecto de financiamiento como lo quiere el gobierno. Dudamos que el Congreso frene o lo mejore, dados sus antecedentes de lo seducible a través de tazadas de mermelada que traga, la que aún no ha causado estragos en sus niveles de glicemia. Para el gobierno, la racionalización y reorientación del gasto público parece ser un imposible. Y menos, detectar y combatir el contrabando y entronizar la eficacia en la recaudación de impuestos. La línea del menor esfuerzo es apuntar contra las clases medias, los asalariados, que no tienen voceros, para que con estoicismo y silencio soporten el garrote. Están condenados al llamado infierno fiscal.
El gobierno Petro ¿habrá pensado cerrar el boquete de los 12 billones de pesos en el presupuesto –que según el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas es de 27 billones– gravando bienes suntuarios, de lujo, que constituyen provocaciones y desafíos sociales? ¿Enlazar tributariamente bienes improductivos y ociosos? ¿O acaso prefiere la ley del embudo, lo ancho para los evasores con patrimonios ostentosos sin producir, y lo estrecho para los salarios y sueldos de las clases medias, los pauperizados, a quienes además se les castiga desmontándoles los beneficios de las exenciones y deducciones por gastos primordiales para poder sobrevivir dignamente? Mientras tantas inequidades se avecinan, paradójicamente el gobierno quiere discutir con los subversivos el actual modelo económico del país.
A ellos recurre y no a la academia, al sector privado, a los que crean empresa, producen riqueza, trabajo, sudan plusvalía y son fuentes de bienestar e ingresos para el Estado. Petro tiene su cartilla socialista, copia la retórica de Salvador Allende. Su tesis de inversión forzosa de ahorros privados, la toma de discursos de Chávez. Hasta la originalidad la pierde. Sabe que en alguna página aparece la disolución de la empresa privada, “muestra inequívoca del capitalismo salvaje”. Origina pánico que favorece la fuga del capital.
Es un convencido, no de la socialdemocracia, sino del intervencionismo de Estado. Su vademécum es el de las normas consagradas en los foros socialistas, en las cuales se habla de la conquista del poder, no para explotarlo en corto plazo, sino para prolongarlo, recurriendo a toda clase de estratagemas y luchas electorales y no electorales que encuentren a la mano. Venezuela es hoy el triste ejemplo. Petro proclama con sus acciones que los peores días están por llegar.
