Pico y Placa Medellín
viernes
1 y 5
1 y 5
Difícilmente se encuentra en la historia de la corrupción colombiana un escándalo de Estado tan grave como el ocurrido en la Unidad para la Gestión de Riesgo. Están sindicados como bailarines de tan perversa danza millonaria, altos funcionarios del Gobierno central y del Congreso Nacional.
Fue tal el estruendo producido por tal escándalo, que las alertas lanzadas por el Departamento de Estado norteamericano sobre la desaceleración económica colombiana y la pérdida de interés de la inversión extranjera, pasaron inadvertidas a pesar de su gravedad.
Sirve de marco esta nueva tragedia moral originada en el paso de carrotanques repartiendo mermelada y billetes, al fuerte rumor de que Petro quiere darle su golpe de gracia al Estado de derecho por considerarlo estorboso para sus pretensiones autocráticas. Mira con recelo a las Cortes y organismos de control que le atraviesan muros para detener sus sueños despóticos.
Considera, en su megalomanía de creerse Redentor, lo faculta para instaurar el Estado de opinión. Para lograrlo se empecina en violar las normas éticas y legales. Su meta es la de pasarse por la faja el Congreso y las Cortes, como lo han hecho los dictadores tropicales.
Alertados por tantos rumores de golpe institucional, un calificado grupo de 600 profesionales reclamaron como algo perentorio “que el gobierno se abstenga de formular amenazas contra la Constitución. Si considera necesaria su reforma, debe plantear su contenido ante el Congreso y la manera de realizarla dentro de las alternativas institucionales”. Además, le exigen al presidente respeto por las instituciones “y que le baje volumen a sus expresiones agresivas que no se compadecen del mandato constitucional que lo obliga a buscar la unidad nacional”.
Hace 70 años el dictador, también populista, pero de derechas, Gustavo Rojas Pinilla, al ver que la Corte Suprema de Justicia le incomodaba por no ajustarse a sus requerimientos autocráticos, dictó un decreto para minimizarla. Le quitó a la Sala Plena de esa corporación la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las normas, como lo disponía la Carta Política, asignándole esa delicada labor a una sala de ocho miembros, de los veinte que integraban el entonces máximo tribunal de justicia colombiana. Y no contento con el zarpazo —hecho bajo el amparo del llamado Estado de Sitio— lo fundamentó sobre sofismas que, encadenados, formaron un sartal de eufemismos y galimatías.
Eso despertó la protesta de cien juristas antioqueños cuyos argumentos irrebatibles fueron respondidos por el general Rojas con una actitud provocadora y desafiante, recomponiendo por su cuenta la Corte con magistrados incondicionales, prescindiendo de aquellos jurisconsultos independientes que le daban lustre y respetabilidad a la corporación.
Algún caricaturista la describió como la “Corte-sana”.Esta historia es buena recordarla cuando cada día se sienten más pasos de animal grande rondando por Cortes y Congreso con ganas de decapitar la Constitución.
El Congreso, recordemos, en 1949 se cerró bajo la hegemonía conservadora, valiéndose el presidente Ospina de la vigencia del artículo 121, borrado de la Carta de 1991. Hoy a Petro cualquier viejo y mal ejemplo le sirve.
