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MinAmbiente firmó acuerdo para fortalecer la gestión del agua en el Magdalena
La cartera de ambiente buscar iniciar investigaciones por captaciones ilegales e implementar un monitoreo científico de las medidas de protección del agua.
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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. FOTO COLPRENSA
El Ministerio de Ambiente firmó esta semana un acuerdo con comunidades campesinas, afrodescendientes, pueblos indígenas, gremios y autoridades locales para fortalecer la gestión del agua y promover la restauración ecológica en la Zona Bananera del Magdalena, como respuesta ante las crecientes denuncias por falta de acceso al agua y la contaminación en los ríos Frío y Sevilla.
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El acuerdo, que también cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, se centra en cuatro ejes principales: mejorar la gobernanza del agua; proteger y restaurar los ecosistemas estratégicos; reducir la demanda y contaminación del agua; así como avanzar en la formalización de tierras en la zona.
Durante el evento, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, subrayó la necesidad de abordar estos problemas de manera integral y destacó la importancia de la participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones.
“No se trata solo de pequeñas acciones, sino de trabajar en soluciones profundas y colectivas”, afirmó la funcionaria.
El acuerdo también incluye la creación de un Consejo Territorial del Agua, que se encargará de coordinar las acciones para fortalecer la gobernanza y el manejo del agua en la región.
Este organismo, además, buscará recursos adicionales para financiar proyectos relacionados con la protección de los recursos hídricos.
Vladimir Carranza, un campesino de la región, destacó la importancia de este acuerdo, señalando que, por primera vez, el gobierno se ha reunido directamente con las comunidades afectadas.
“Siempre se reunían con los grandes empresarios, hoy se reúnen con campesinos, y eso es un buen mensaje”, comentó.
El pacto contempla también una revisión de las concesiones de agua y la investigación de captaciones ilegales, así como la implementación de un monitoreo científico y comunitario para evaluar el impacto de estas medidas en la protección del agua.
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