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La historia de la empresaria que irá a la JEP por caso de despojo en Urabá y podría entregar información desconocida
La JEP condicionó la continuidad del sometimiento a la calidad de los aportes a la verdad que pueda hacer mientras sea llamada a rendir cuentas en los escenarios de la justicia tradicional.
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La mujer tenía una empresa de palma y se asoció con paramilitares para despojar tierras. FOTO COLPRENSA
11 de septiembre de 2024
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Katia Patricia Sánchez Mejía, empresaria condenada por desplazamiento forzoso, fue aceptada para su sometimiento por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). La decisión fue tomada por la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, pero, advirtieron, la mujer cumple de forma “leve” los estándares para acceder al sometimiento.
Para aceptar el sometimiento de la mujer, la JEP tuvo en cuenta un concepto enviado por las víctimas, quienes insistieron que la ahora compareciente cuenta con información valiosa que podría brindar un mejor entendimiento sobre las dinámicas de victimización en el Urabá.
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Sánchez Mejía fue empresaria de Montería (Córdoba) y en la justicia ordinaria fue condenada en 2014 por delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
La empresaria fungió como fundadora y representante legal de la empresa Urapalma. Con ese negocio estableció relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con el Bloque paramilitar “Elmer Cárdenas”.
Urapalma y los paramilitares impulsaron un proyecto palmicultor que terminó por ocasionar despojos de tierra y desplazamiento de los campesinos de la región del Urabá.
“La sala acepta el sometimiento Sánchez acogiendo también las posturas del Ministerio Público y de las víctimas, quienes consideran que la ahora compareciente cuenta con información importante que podría brindar un mejor entendimiento sobre el conflicto armado y sobre las dinámicas de macrovictimización ocurridas en el Urabá y el Bajo Atrato, perpetradas por paramilitares en connivencia con empresarios de la palma, con miembros de la fuerza pública y con otros agentes del Estado”, señaló la JEP en un comunicado.
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La JEP también le advirtió a Sánchez Mejía que la consolidación de su sometimiento dependerá de los aportes a la verdad que realice en los escenarios que sea convocada.
“Sus aportes serán objeto de una estricta contrastación, pues deben superar el umbral de lo probado en su contra por la justicia ordinaria. Y, en caso de no satisfacer los requisitos que le exige la JEP, en garantía de los derechos de las víctimas, se expone a las consecuencias de ser expulsada y de que su proceso regrese a la justicia ordinaria”, puntualizó la JEP.
